El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, defendió la postura del Gobierno frente a la discusión del Presupuesto General del Estado 2026, que asciende a $34,901 millones. Según Chapman, los ajustes realizados por la Asamblea Nacional serán atendidos mediante reasignaciones internas, sin incrementar el monto total, con el fin de cumplir la meta de déficit fiscal del 4%.
El funcionario recalcó que esta estrategia proyecta confianza hacia los organismos internacionales y los inversionistas, garantizando estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal. Sin embargo, en la Asamblea, distintas instituciones —en especial del sector salud y educación— han advertido que los recortes aprobados comprometen áreas esenciales para el bienestar de la población.
Impacto en la sociedad
En el caso del Ministerio de Salud, los recortes podrían traducirse en menos plazas médicas, reducción en compra de medicamentos y limitaciones en infraestructura hospitalaria. Para los pacientes de enfermedades crónicas y para la población no asegurada, estos ajustes significan largas esperas, menos acceso a tratamientos y servicios básicos más frágiles.
En educación, el panorama tampoco es alentador. Los recortes afectan programas de infraestructura escolar, becas y recursos tecnológicos, lo que puede aumentar la desigualdad en el acceso a una educación de calidad, sobre todo en comunidades rurales. “No se trata de cifras en un papel, se trata de la formación de los niños y del futuro del país”, señalaron diputados durante los debates.
¿De dónde saldrá el dinero faltante?
El MEF ha aclarado que no habrá un aumento del presupuesto total, sino una reasignación de recursos. Esto significa que sectores considerados de menor prioridad verán reducidas sus partidas para compensar las áreas más urgentes. En la práctica, el gobierno deberá equilibrar entre cumplir con las exigencias internacionales de responsabilidad fiscal y atender las demandas internas de salud, educación y programas sociales.
Un dilema de país
La discusión refleja un dilema recurrente: mientras Panamá busca mantener su reputación financiera ante el mundo, los ciudadanos demandan respuestas inmediatas a problemas estructurales como el acceso a la salud, la educación de calidad y la reducción de la desigualdad social. El desenlace de este debate marcará no solo las finanzas públicas, sino también la confianza ciudadana en el manejo de los recursos estatales.
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