La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Eduardo Gaitán, aprobó el prohijamiento del anteproyecto de ley No. 189, que propone destinar el 10 % del producto de las concesiones en materia de telecomunicaciones al financiamiento del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).
La iniciativa fue presentada por la diputada Graciela Hernández, quien explicó que la mayoría de los jubilados y pensionados perciben ingresos inferiores a 600 dólares mensuales. Detalló que esta nueva fuente de financiamiento representaría un monto aproximado de 113 millones de dólares anuales, recursos que contribuirían a cubrir el déficit del programa.
La diputada sostuvo que el anteproyecto busca hacer justicia social con los jubilados de menores ingresos, al considerar que sus pensiones actuales se encuentran por debajo del costo de la vida.
Durante la sesión, los comisionados también prohijaron el proyecto de ley No. 244, presentado por el diputado Ernesto Cedeño, el cual adiciona un artículo al Capítulo III del Título II del Código Fiscal, relacionado con el presupuesto de gastos. Esta iniciativa establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación, deberá incluir anualmente en la Ley de Presupuesto la asignación y distribución de las bonificaciones para cada entidad beneficiaria, en función de los resultados fiscales y las metas de recaudación.
De igual forma, fue prohijado el anteproyecto de ley No. 248, que crea la jurisdicción colectiva especial para la ejecución de las resoluciones de cargo del Tribunal de Cuentas y modifica otras disposiciones legales, también presentado por el diputado Ernesto Cedeño.
Asimismo, la comisión aprobó el prohijamiento del anteproyecto de ley No. 253, propuesto por el diputado Alaín Cedeño, que establece el marco normativo para la evaluación de subsidios, exoneraciones e incentivos otorgados por el Estado panameño a personas naturales, jurídicas y organizaciones.
Finalmente, los diputados respaldaron el anteproyecto de ley No. 263, presentado por la diputada Janine Prado, que modifica la Ley 24 de 2006, la cual declara de orden público e interés social las actividades de regulación y titulación masiva de tierras ejecutadas por el Estado.
Deja una respuesta