La mesa de trabajo para la revisión del salario mínimo se reactivó este martes en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel); sin embargo, las marcadas diferencias entre las organizaciones sindicales impidieron avances significativos, a menos de 24 horas de la fecha límite para alcanzar un acuerdo. Si este miércoles no se logra un consenso, corresponderá al Órgano Ejecutivo establecer por decreto el nuevo salario mínimo que regirá a partir de enero de 2026.
En la reunión participaron las dos organizaciones de trabajadores acreditadas: la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato). Ambas llevaron propuestas distintas y el Mitradel solicitó que fueran unificadas, pero Conusi rechazó la posibilidad de presentar una postura conjunta.
Conusi descarta unificar propuestas
Ariel Muñoz, representante de Conusi, aseguró que no aceptarán una propuesta unificada, ya que consideran que la planteada por Conato —un ajuste del 6%— “es una miseria” y refleja presuntas coincidencias previas con el sector empresarial.
Por su parte, Juan Samaniego, vocero de Conato, criticó lo que denominó una “actitud partidocrática” que, según él, no responde a las necesidades reales de los hogares panameños. “Lo que buscamos es recuperar poder adquisitivo”, manifestó.
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, detalló que la propuesta de Conusi contempla un aumento aproximado del 201%, con un salario mínimo unificado de 1,956 dólares mensuales para todas las actividades económicas. En tanto, Conato plantea un marco de negociación del 7% para las grandes empresas y 6% para las pequeñas.
Sector empresarial pendiente de presentar su propuesta
Hasta el cierre de la sesión, el sector empresarial no había entregado su propuesta formal, la cual deberá presentarse entre este martes y miércoles. De no lograrse un acuerdo tripartito antes del cierre oficial de la mesa, el Ejecutivo quedará facultado para definir el ajuste mediante decreto.
El debate ocurre en un contexto regional en el que países como Colombia, Costa Rica y México discuten o han aprobado incrementos salariales significativos, impulsados por la inflación acumulada de los últimos años.
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