El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto de B/.34,901 millones, cifra que representa un aumento de B/.4,181 millones respecto al presupuesto modificado de 2025.
El documento contempla como uno de sus componentes centrales los aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social, conforme a la Ley 462 de 2025, que reformó el sistema de pensiones. Chapman afirmó que esta obligación es ineludible y busca sostener financieramente el régimen de jubilaciones y pensiones del país.
Más inversión, menos deuda estructural
El presupuesto proyecta B/.11,000 millones para inversión, con énfasis en infraestructura física (B/.8,604 millones), programas sociales y de desarrollo humano, lo que representa un 26 % más que en 2025. Chapman aseguró que el enfoque estará centrado en inversiones estratégicas, eficiencia del gasto público y reducción del endeudamiento como solución estructural.
Se estima que el gasto de funcionamiento solo aumentará un 1 %, pasando de B/.6,667 millones a B/.6,741 millones, lo que, según el ministro, refleja un compromiso con la contención del gasto corriente.
¿A dónde irán los recursos?
El proyecto contempla asignaciones específicas por sector:
- Educación: B/.1,662 millones en 141 proyectos
- Ministerio de Obras Públicas (MOP): B/.674.8 millones en 150 proyectos
- Ministerio de Salud: B/.303.9 millones en 63 obras
- IDAAN: B/.202.9 millones en 75 proyectos
- Pandeportes: B/.102.9 millones en 50 proyectos
- Ministerio de Cultura: Más de B/.55 millones en 71 obras
- Metro de Panamá: B/.470 millones
- Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial: B/.52.9 millones en 24 proyectos
Además, se proyecta un crecimiento económico del 5 % del PIB nominal y 4 % real, respaldado en la recuperación del tránsito por el Canal de Panamá, la ejecución de obras públicas y un mejor desempeño del sector logístico.
Retos financieros
Chapman reconoció que el país enfrenta rigideces estructurales por leyes especiales, compromisos acumulados y el peso del servicio de la deuda externa. A pesar de estas limitaciones, se busca mantener una ruta de estabilidad fiscal que no comprometa los servicios esenciales para la ciudadanía.
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