En Panamá, la población adulta mayor supera el 15 % del total de habitantes, lo que equivale a más de 700 mil personas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Este segmento de la población crece aceleradamente: se proyecta que para el año 2050 uno de cada cuatro panameños será mayor de 60 años, lo que plantea retos urgentes en materia de salud, seguridad social y protección de derechos humanos.
Ante este panorama, agrupaciones de adultos mayores han solicitado que Panamá ratifique la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la OEA en 2015. Aunque el documento fue presentado en 2021 mediante el Proyecto de Ley 585, su trámite quedó caducado y aún no ha sido retomado por el pleno legislativo.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputada Walkiria Chandler, explicó que la ratificación requiere que el documento sea reenviado por la Cancillería. “La voluntad existe por parte de los comisionados, pero las disposiciones constitucionales no permiten que la Asamblea Nacional trate estos documentos sin antes ser presentados nuevamente”, puntualizó.
La Convención busca garantizar el goce pleno de los derechos de las personas mayores, prevenir la discriminación por edad y promover políticas públicas que aseguren una vejez digna e inclusiva. Para líderes sociales y especialistas, la ratificación representaría un avance histórico para Panamá en el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre envejecimiento activo y saludable.
Más allá de un trámite legal, se trata de un acto humano y social: reconocer que los adultos mayores merecen respeto, protección integral y participación activa en la vida nacional. Ellos aportaron décadas de esfuerzo al desarrollo del país, y ahora demandan que el Estado respalde con firmeza sus derechos fundamentales.
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