El Proyecto de Ley 317, actualmente en primer debate en la Asamblea Nacional, propone reforzar la responsabilidad de los hijos y familiares en el cuidado de los adultos mayores en Panamá. La iniciativa contempla multas de hasta 2,000 dólares para quienes incumplan con este deber, como parte de un esfuerzo por garantizar el bienestar y dignidad de esta población.
En Panamá, la Ley 36 de 2016 y la Política Pública a favor de las Personas Mayores ya establecen que el cuidado primario de los adultos mayores recae en la familia, mientras que el Estado debe velar por condiciones de salud, vivienda y seguridad social adecuadas. Sin embargo, la nueva propuesta busca cerrar vacíos legales y fortalecer la corresponsabilidad social frente a los crecientes casos de abandono.
El proyecto establece que los hijos y familiares, aun cuando estén emancipados, tienen la obligación de brindar atención permanente a sus padres y adultos mayores. Especialistas subrayan que esta medida no solo representa un marco legal, sino también un llamado a recuperar el valor del cuidado intergeneracional y la solidaridad familiar.
Organizaciones sociales y expertos en derechos humanos coinciden en que el envejecimiento poblacional en Panamá plantea un desafío cada vez mayor: más adultos mayores requieren acompañamiento, atención médica y apoyo emocional, lo que hace urgente reforzar los mecanismos de protección y conciencia ciudadana.
El debate sigue abierto en la Asamblea, donde se analiza cómo lograr un equilibrio entre la responsabilidad familiar y el deber del Estado, con el fin de asegurar que los adultos mayores vivan con dignidad, respeto y calidad de vida.
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