En Panamá, jubilarse tras décadas de trabajo no siempre significa descanso ni estabilidad. Para miles de personas que dedicaron su vida a oficios comunes —desde docentes, enfermeras y agricultores hasta trabajadores del comercio y la construcción—, la jubilación es apenas una transición hacia una lucha diaria por sobrevivir con ingresos que, en muchos casos, no alcanzan ni para cubrir lo básico.
Actualmente, más de 200 mil jubilados y pensionados en el país reciben menos de 400 dólares mensuales. Entre ellos, abundan historias de quienes deben elegir entre comprar medicamentos o alimentos, debido al alto costo de la vida y los atrasos en algunos pagos de pensiones. Este panorama contrasta con la reciente aprobación de un “ajuste especial de retiro” para magistrados y jueces del Órgano Judicial, que ha generado indignación en sectores ciudadanos y gremiales.
El nuevo acuerdo, publicado en Gaceta Oficial el pasado 8 de agosto, establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia podrán retirarse con el 100 % de su último salario, es decir, 14 mil dólares mensuales, tras su último aumento salarial. Para magistrados de tribunales, jueces de circuito y jueces municipales, se fijaron porcentajes que complementarán la pensión cubierta por la Caja de Seguro Social (CSS), mediante fondos institucionales.
Guillermo Cortés, representante del Movimiento Unidos por los Jubilados (Mundos), calificó la medida como una “sinvergüenzura” y recordó que llevan años solicitando un aumento de apenas 10 dólares a las pensiones, sin recibir respuesta del gobierno. “Es inaudito que en un país donde la mayoría de los jubilados apenas sobreviven, se creen privilegios tan distantes de la realidad nacional”, denunció.
Para muchos adultos mayores, la jubilación significa buscar ingresos extra para sostenerse. Algunos venden productos desde casa, otros trabajan de manera informal y hay quienes dependen económicamente de sus hijos. La idea de un retiro digno se desvanece frente a un sistema que, según gremios, no garantiza igualdad ni respeto a los derechos adquiridos.
El contraste entre la jubilación de un trabajador común y la de un magistrado no es solo económico: es también un reflejo de la desigualdad estructural del país. Mientras unos cuentan los días para recibir un pago que apenas cubre sus necesidades, otros aseguran su futuro con leyes especiales. Para los jubilados organizados, la solución pasa por reformar estas normativas, eliminar los privilegios y priorizar a quienes han construido el país desde las labores más sencillas, pero esenciales.
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