La Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) reaccionó con preocupación tras el anuncio del presidente José Raúl Mulino sobre el interés de empresarios suramericanos en invertir en la industria cárnica y láctea de Panamá, como parte de un posible marco de cooperación con el Mercado Común del Sur (Mercosur). Aunque la apertura a nuevos mercados podría traer beneficios económicos y tecnológicos, también implica desafíos sanitarios que podrían afectar gravemente al sector productivo nacional.
Los ganaderos panameños destacaron que actualmente el país cumple con estrictos estándares sanitarios internacionales, equivalentes a los exigidos por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de EE.UU. (FSIS), lo que ha permitido avanzar en negociaciones para exportar carne a Norteamérica y ganado vivo a México. Estos logros podrían verse comprometidos si se permite la entrada de productos o animales provenientes de países con historial de fiebre aftosa.
Desde el punto de vista económico, una eventual inversión extranjera podría modernizar infraestructuras y generar empleo local. No obstante, los ganaderos advierten que cualquier ganancia a corto plazo podría revertirse si el estatus sanitario de Panamá se ve afectado, cerrando puertas en mercados clave como Estados Unidos, Asia y México. Además, la competencia desigual con gigantes suramericanos podría perjudicar a pequeños y medianos productores nacionales.
Socialmente, la preocupación también alcanza al consumidor panameño. Un deterioro en los controles sanitarios afectaría la calidad de la carne y los productos lácteos que llegan a las mesas de miles de familias. La Anagan insiste en que debe priorizarse la soberanía alimentaria, la bioseguridad y la protección de una industria que sostiene a comunidades rurales enteras.
La organización gremial hace un llamado al Gobierno a mantener una política comercial equilibrada, que promueva la inversión sin comprometer la sanidad animal del país ni los intereses de los productores locales. La integración económica debe darse con responsabilidad y cautela, para garantizar que los beneficios realmente lleguen a la población panameña sin poner en riesgo décadas de avances sanitarios.
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