La subcomisión de Asuntos de la Mujer de la Asamblea Nacional continúa el análisis de reformas a la Ley 42 de pensiones alimenticias, impulsadas por el aumento de denuncias por incumplimiento que mantiene colapsadas a las jueces ejecutoras del país.
De acuerdo con la diputada Alexandra Brenes, el sistema enfrenta una carga que supera los 7 mil expedientes activos, una cifra que representa a igual número de niños y niñas afectados por el incumplimiento económico de uno de los progenitores.
El proyecto incorpora 18 modificaciones, entre ellas permitir que el desacato se aplique desde el primer mes sin pago —y no después de tres—, así como automatizar ciertos procesos para evitar que las familias tengan que denunciar cada mes.
Una de las medidas más discutidas es el aumento del apremio corporal de 30 a 45 días, mecanismo que jueces ejecutoras consideran el más efectivo para garantizar el pago. Según Brenes, cada vez que se ordena esta medida, “en pocos días aparece un familiar a cubrir la deuda”.
Las reformas también incluyen:
- mínimo del 75% del pago para permitir mediación,
- actualización de sanciones como suspensión de paz y salvo y licencia de conducir,
- verificación de cuentas bancarias cuando no haya registro laboral,
- continuidad del cobro incluso después de que el hijo cumple 18 años.
Cada mes se presentan alrededor de 600 denuncias nuevas por pensiones alimenticias en Panamá. Para la diputada, además de las reformas legales, es indispensable reforzar la corresponsabilidad parental: “Si un adulto cubre sus necesidades básicas, también debe garantizar las de su hijo”.
El proyecto seguirá en discusión para avanzar al tercer debate, con el objetivo de aliviar la carga judicial y brindar mayor protección a miles de menores en el país.
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