La tensión entre jubilados y el Estado continúa aumentando tras la falta de pago del bono de $50, beneficio que debía entregarse en agosto, según lo establece la ley aprobada en 2024.
Guillermo Cortés, presidente de la Asociación de Jubilados, informó que sostuvo una reunión con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, en la que se reconoció que el presupuesto aprobado no contemplaba los recursos necesarios para cubrir el pago. Según explicó, el Ministerio solicitó un plazo para gestionar los fondos, el cual fue aceptado por la Asociación, otorgando un margen de 48 horas.
“Vamos a esperar 48 horas, porque de lo contrario, si se pasa de ese tiempo, estarían entrando en un desacato de la ley”, advirtió Cortés, recordando que el bono corresponde a 318 mil jubilados a nivel nacional.
Responsabilidades cruzadas
El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, aclaró que la institución “solamente es el ente pagador” y que la transferencia de fondos corresponde directamente al MEF. La CSS había anunciado inicialmente que el pago se realizaría el 20 de agosto, pero luego confirmó que no sería posible, lo que encendió aún más la inconformidad entre los beneficiarios.
Voces de indignación
Mientras la Asociación de Jubilados aceptó esperar, otros grupos de pensionados consideran que el plazo es excesivo y demandan el desembolso inmediato. Este lunes, decenas de jubilados se concentraron frente a la sede del MEF, en la vía España, para exigir que se cumpla con lo establecido en la normativa.
Impacto social
El bono representa un apoyo económico importante para los adultos mayores, muchos de los cuales enfrentan limitaciones para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios de salud. Para organizaciones sociales, la demora refleja una falta de planificación presupuestaria que afecta directamente a una de las poblaciones más vulnerables del país.
Una lección de organización ciudadana
El caso resalta la importancia de que los jubilados mantengan la unidad y la organización para exigir sus derechos. También pone en evidencia la necesidad de que las autoridades aseguren mayor transparencia en el manejo de los fondos destinados a programas sociales, evitando retrasos que afectan la calidad de vida de miles de familias panameñas.
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