El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue contundente al afirmar que vetará el proyecto de ley que busca permitir hasta 60 días de huelga para los docentes, una propuesta actualmente en análisis por una subcomisión de la Asamblea Nacional.
“Es inconstitucional, así que será vetado”, manifestó el mandatario, quien reconoció que la legislación vigente en materia de huelgas, que data de 1946, requiere actualización, pero advirtió que no apoyará medidas que, a su juicio, puedan afectar el sistema educativo panameño.
Mulino adelantó además que el 2 de enero, durante su comparecencia ante el pleno de la Asamblea, presentará nuevas medidas educativas enfocadas en la modernización y fortalecimiento de la enseñanza pública.
“La educación no se resuelve con huelgas pagadas, se resuelve trabajando, actualizando procesos y formando buenos alumnos”, señaló el presidente.
Contexto de la propuesta
El proyecto de ley 379, impulsado por el diputado Jairo Salazar, busca reconocer el derecho a huelga para los docentes panameños y permitir que los educadores puedan ausentarse hasta 60 días sin descuentos salariales.
La propuesta surge pocos meses después de una prolongada huelga del sector educativo, que dejó a más de mil docentes con descuentos salariales y otros cesantes temporalmente, tras ser reemplazados durante el paro.
Fallo judicial en paralelo
En otro frente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), que buscaba revertir la orden de descuentos emitida por la Contraloría General de la República a los docentes que participaron en las recientes huelgas.
El fallo, contenido en el Edicto N.º 1317 del 25 de septiembre de 2025, fue adoptado por el Pleno de la Corte y mantiene vigente la medida de descuentos.
Una postura firme
Mulino insistió en que su administración no aprobará leyes que pongan en riesgo la estabilidad del sistema educativo nacional.
“No trabajo con piedad cuando se trata del interés de la educación del país”, puntualizó.
La posición presidencial abre un nuevo capítulo en el debate entre el Ejecutivo, los gremios docentes y la Asamblea Nacional sobre cómo equilibrar el derecho a la protesta con la responsabilidad educativa.
Deja una respuesta