El reciente recorte de alrededor de 7 millones de dólares al presupuesto del Instituto Oncológico Nacional (ION) ha encendido la alarma entre pacientes, familiares y organizaciones sociales, quienes advierten que esta decisión pone en riesgo tratamientos vitales contra el cáncer.
En contraste, la remodelación de la Villa Presidencial, con un costo cercano también a los 7 millones de dólares, aviva el debate nacional sobre cuáles son las prioridades reales del Estado, en un momento en que Panamá enfrenta crecientes demandas en materia de salud pública.
El ION atiende a más de 25 mil pacientes al año, muchos de ellos de escasos recursos que dependen exclusivamente del sistema público para acceder a quimioterapias, radioterapias y cirugías especializadas. La reducción presupuestaria afecta directamente la compra de medicamentos, el mantenimiento de equipos de alta complejidad y la contratación de personal médico, aspectos que inciden en la vida de quienes luchan contra el cáncer.
“Un recorte al Oncológico no son simples cifras, son personas que esperan un tratamiento para vivir. Mientras unos recursos se destinan a lujos, miles de panameños enfrentan la incertidumbre de si podrán continuar con su atención médica”, señaló una representante de asociaciones de pacientes oncológicos.
La polémica se intensificó tras las palabras del presidente José Raúl Mulino, quien, sobre la decisión, declaró: “Lo voy a hacer, y la plata del Oncológico es demagogia”.
El contraste entre estas medidas refleja un dilema ético y social: ¿Debe priorizarse el confort de las élites políticas o la salud de la población? La ciudadanía exige respuestas claras y un replanteamiento en la asignación de los recursos, recordando que la misión de todo gobierno debe ser garantizar la vida, la dignidad y el bienestar del pueblo.
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