Pensión alimenticia: cuando el incumplimiento golpea a las familias
En Panamá, la pensión alimenticia es un derecho fundamental para garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, cada año miles de familias enfrentan procesos judiciales debido al incumplimiento de esta obligación.
De acuerdo con cifras del Órgano Judicial, en el último año se interpusieron más de 50 mil demandas por pensión alimenticia, lo que refleja la magnitud del problema y su impacto directo en la estabilidad de los hogares. A esto se suman los desacatos por falta de pago, que superan las 12 mil órdenes anuales, en las que el deudor alimentario no cumple con la cuota establecida.
El proyecto de ley que modifica la Ley 42 de 2012, actualmente en análisis por la Comisión de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, busca endurecer las sanciones contra los morosos. La propuesta incluye el apremio corporal por hasta 45 días y la posibilidad de ordenar allanamientos en caso de incumplimiento reiterado, además de exigir un pago mínimo del 50 % de la deuda acumulada para evitar sanciones más severas.
La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la mesa técnica, resaltó que el objetivo no es castigar, sino proteger a los menores y garantizar que sus necesidades básicas, como alimentación, educación y salud, estén cubiertas.
Desde una perspectiva financiera, cada desacato no solo refleja un incumplimiento legal, sino también un golpe directo a la economía familiar. Muchas madres y acudientes se ven obligados a asumir en solitario los gastos del hogar, mientras enfrentan procesos judiciales que pueden durar meses.
En lo humano, el impacto es aún mayor: niños y adolescentes crecen en medio de carencias económicas que limitan su desarrollo y bienestar. De allí la importancia de que la nueva normativa logre equilibrar las obligaciones del deudor con la urgencia de garantizar los derechos de los más vulnerables.
La discusión sobre la pensión alimenticia trasciende lo jurídico: es un tema de justicia social, de corresponsabilidad parental y de futuro para la niñez panameña.
