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Minsa regula certificados de incapacidad para prevenir fraudes

10 de septiembre de 20252 min de lectura
Minsa regula certificados de incapacidad para prevenir fraudes

El Ministerio de Salud (Minsa) oficializó el Decreto Ejecutivo N.° 17 del 11 de agosto de 2025, que establece nuevas reglas para la expedición, verificación y control de certificados médicos de incapacidad en el país. La normativa entrará en vigencia a partir del 12 de octubre de 2025 y busca combatir el fraude, garantizar la transparencia y fortalecer la confianza en el sistema sanitario.

Según explicó la abogada Yeris Nielsen, los certificados de incapacidad solo podrán ser emitidos por médicos y odontólogos idóneos, en formato impreso o digital, siempre bajo una numeración continua y sucesiva. Esto permitirá un mejor control de los documentos y reducirá los riesgos de falsificación.

Cada certificado deberá contener información detallada, como:

  • Número de registro otorgado por el Consejo Técnico de Salud.
  • Nombre completo del profesional emisor.
  • Dirección y teléfono del establecimiento de salud donde se emite.
  • Fechas y horas exactas del inicio y fin de la incapacidad.

Además, el documento deberá respaldarse en la historia clínica del paciente, con diagnóstico y constancia de la atención recibida. De esta forma, el Minsa busca que cada incapacidad médica tenga una justificación real y verificable.

Impacto social y laboral

El nuevo decreto llega en un momento en el que se han denunciado casos de certificados falsos o emitidos sin sustento médico, lo que afecta tanto al sistema de salud como a los empleadores y a la productividad laboral.
Para los trabajadores, la medida garantiza que su derecho a la incapacidad médica sea respetado, mientras que para las empresas representa mayor seguridad y transparencia en el uso de estos permisos.

Un llamado a la responsabilidad

Con esta regulación, el Minsa no solo refuerza los controles internos, sino que también envía un mensaje a la ciudadanía: la incapacidad médica es un derecho que debe usarse con responsabilidad, ya que su mal uso repercute en la economía, la atención de salud y la confianza en el sistema.